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El derecho a una segunda oportunidad financiera y los retos que aún persisten

Jóvenes, mujeres, informales y emprendedores fueron identificados como los posibles beneficiarios preferenciales de la Ley de ‘Borrón y Cuenta Nueva’.

Reporte centrales de riesgo Foto: Archivo EL TIEMPO En los últimos años, Colombia ha experimentado un cambio sustancial en su enfoque frente al acceso al crédito y la gestión de la información financiera negativa. Tras la crisis económica generada por la pandemia de covid-19, millones de colombianos enfrentaron dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias, lo que los dejó excluidos del sistema financiero formal. En este contexto, la Ley 2157 de 2021, conocida como la Ley de 'Borrón y Cuenta Nueva', se consolidó como una herramienta jurídica para mitigar esa exclusión y fortalecer el derecho al habeas data.


Esta surgió como una respuesta directa al problema estructural de exclusión financiera de personas reportadas negativamente en las centrales de riesgo, incluso después de haber saldado sus deudas.



Según Antonio José Núñez, socio de la práctica corporativa de Godoy Hoyos Abogados, esta normativa partió de la necesidad de amparar un derecho fundamental: "el ‘habeas data’, que es un derecho relacionado con la intimidad personal y el buen nombre protege la información de las personas que haya sido recolectada en bancos de datos, garantizando conocer, actualizar y rectificar la información almacenada".


Este cambio legislativo representó una ruptura con el modelo anterior establecido por la Ley 1266 de 2008, que permitía que los reportes negativos se mantuvieran por hasta cuatro años tras el pago de la deuda, lo que dejaba a muchos ciudadanos con antecedentes negativos que, aunque ya sin validez legal para ser cobrados, continuaban restringiendo su acceso al crédito. “La norma anterior perpetuaba la exclusión financiera de los deudores incumplidos y afectaba la posibilidad de acceso a crédito de los ciudadanos”, explicó Núñez.


La crisis sanitaria también fue un detonante clave. Como lo señala Camilo Gantiva, socio en Holland & Knight, la Ley se promulgó “en respuesta a las dificultades económicas derivadas de la pandemia de Covid-19, que afectaron la capacidad de pago de muchos colombianos”. Impactos visibles en el acceso al crédito

Uno de los efectos más evidentes de la Ley fue la posibilidad de eliminar reportes negativos de las centrales de riesgo para aquellos ciudadanos que extinguieron sus deudas dentro del régimen transitorio. Antonio José Núñez señaló que “por regla general dentro de los 6 meses siguientes al pago, y en otros de manera inmediata”, muchas personas lograron recuperar su estatus de sujetos de crédito. Las cifras, sin embargo, varían. Aunque se habló de 16 millones de beneficiarios, Núñez advierte que “la ponencia del proyecto de ley de ‘Borrón y Cuenta Nueva 2.0’ dice que los beneficiarios de la Ley de 2021 fueron apenas 1,7 millones de personas”. 

Retos persistentes

Entre las razones que limitaron el impacto, menciona el encarecimiento del crédito —con tasas de interés que alcanzaron el 13,25% en mayo de 2023—, el desempleo elevado y la alta informalidad laboral. Estos factores estructurales, en palabras de Gantiva, “limitaron el acceso para ciertos segmentos de la población”. Una de las mayores inquietudes alrededor de la Ley fue el equilibrio entre el derecho al olvido financiero y la integridad del sistema crediticio. La Corte Constitucional, en su sentencia C-282 de 2021, avaló el régimen de transición y recalcó que no se vulneraban los derechos de las entidades crediticias, recordando que estas no pueden basar exclusivamente sus decisiones en reportes negativos. Sin embargo, no todos lograron acogerse a los beneficios. Según Gantiva, entre las razones que limitaron el impacto, menciona el encarecimiento del crédito, el desempleo elevado y la alta informalidad laboral. Aunque no existen mediciones desagregadas por grupos poblacionales, tanto Núñez como Gantiva coinciden en que sectores como los emprendedores, los estudiantes con créditos educativos, las mujeres, las víctimas del conflicto y los trabajadores informales debieron ser, en teoría, los más beneficiados. La falta de datos concretos impide afirmarlo con certeza, pero lo cierto es que la Ley de ‘Borrón y Cuenta Nueva’ sentó un precedente importante en la búsqueda de una economía más incluyente.  





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