Falta sacarle más provecho a la ley de pago en plazos justos

Fedesarrollo analizó el impacto de la norma en las Mipymes y presentó plan de mejora.

Mipymes. Foto: fiStock Las micro, pequeñas y medianas empresas no le han sacado todo el provecho a la ley sobre pago en plazos justos que rige en el país gracias a la Ley 2024 de 2020, pese a que se nota mejoría en algunos indicadores como la liquidez, la reducción de los costos financieros y las mejoras en supervivencia. Esa es parte de las conclusiones del documento “Evaluación de impacto de la Ley 2024 de 2020 de “Pago en Plazos Justos” elaborada de manera independiente por Fedesarrollo, bajo el liderazgo de Colombia Productiva y el Mnisterio de Comercio. El pago en plazos justos en Colombia se estableció con una regulación explícita de los plazos máximos que deben cumplirse en los pagos de las operaciones mercantiles, con el fin de proteger a las personas naturales y jurídicas sometidas a condiciones contractuales gravosas en los procedimientos y plazos de pago de sus facturas, situación que ha afectado en particular a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPymes).

En el 2021, primer año de vigencia de la ley, las obligaciones debían pagarse en un plazo máximo de 60 días calendario. Y desde 2022 a 45 días calendario.

Para incentivar su implementación, la ley fijó mecanismos para la resolución de conflictos por incumplimiento de los plazos, y reconocimientos que otorga el Gobierno para visibilizar las empresas que cumplen con los plazos justos.

El estudio tiene dos componentes. Uno es el cuantitativo, en el cual Fedesarrollo analiza las MiPymes por tamaños y evalúa si la aplicación de la ley tuvo efecto sobre variables de costos, liquidez, utilidades y esperanza de vida. El otro componente es un análisis cualitativo se basa en una encuesta a 515 pymes que hizo el Observatorio MiPyme de Acopi Atlántico, en el cual identifica la percepción de los empresarios sobre el impacto de la ley en sus negocios.

“En términos generales, la evaluación de impacto cuantitativa proporciona evidencia de incrementos en la liquidez, reducción de los costos financieros, aumento en las utilidades y mejoras en supervivencia, en particular para el sector manufacturero y para algunos de los años de estudio. No obstante, los resultados son heterogéneos y dependen del sector y del indicador de análisis; además, para el caso de las utilidades, la evidencia es limitada”, concluye.

Además, anota que “en el componente cualitativo se observa un amplio desconocimiento de las disposiciones de la ley, y una percepción generalizada de que los mecanismos de resolución de conflictos no han sido utilizados plenamente sobre todo por la preocupación de los empresarios de afectar negativamente las relaciones comerciales con sus clientes”.

Igualmente, el estudio indica que “se observa un desconocimiento extendido de los reconocimientos que otorga el Gobierno, con anotaciones de los empresarios que indican una baja percepción del valor de hacer parte del ranking de pagos en plazos justos, de contar con el sello y de hacer negocios con empresas que reciban dichos reconocimientos”. Recomendaciones

El estudio hace recomendaciones. La primera es promover la capacitación y el conocimiento de la ley y para ellos es fundamental implementar campañas de capacitación a MiPymes y a grandes empresas.“Estas iniciativas pueden incluir la creación de guías prácticas y talleres virtuales que expliquen en términos sencillos los derechos de los empresarios y las responsabilidades de las empresas”, sugiere el informe. Agrega que “el énfasis que se realice en los beneficios del Sello de Pago en Plazos Justos y en el Ranking publicado por el Gobierno nacional puede permitir superar el desconocimiento”. Enfatiza que es clave reducir requerimientos exigidos como copia de las facturas por un año, pues según Acopi esto implica desincentivos en la aplicación por los costos que genera. La segunda recomendación habla de la importancia de crear canales de divulgación y atención a las empresas para la resolución de dudas. “Una línea de atención gratuita para resolver dudas específicas que puedan tener los empresarios en cuanto a la aplicación de la ley y sus derechos y deberes podría ser un mecanismo que puede estudiar el Ministerio y/o sus entidades adscritas”, propone. La tercera recomendación que hace el estudio tiene que ver con “optimizar los procesos de denuncia y resolución, con prioridad en la anonimidad”. La evaluación al impacto de la Ley determina como cuarta recomendación “Modificar el régimen sancionatorio para el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley”. Indica que, como complemento a la normatividad vigente, puede estudiarse de parte del MinCIT y la SIC la posibilidad de aclarar el régimen sancionatorio en torno al cumplimiento en el pago de las facturas, para que este no solo se interprete bajo el concepto de afectación de la libre competencia. Esto llevaría a definir facultades sancionatorias y un régimen de sanciones claro en caso de incumplimiento de los plazos máximos. El análisis también recomienda establecer la obligación a las empresas grandes de reportar por lo menos una vez al año los plazos de pago a sus proveedores y crear un mecanismo de seguimiento público a los plazos de pago de parte de la Dian. Resultados de la encuesta

Según la encuesta de Acopi, la Ley 2024 es conocida por el 51% de las 515 empresas encuestadas. Según el tamaño, las medianas demuestran un mayor conocimiento (60,6%) y las pequeñas el menor (44,9%)Otro hallazgo fue que antes de la entrada en vigor de la ley, solo 288 empresas de 507 (56,8%) advertían retrasos en sus pagos. Por tamaño de empresa, aunque más de la mitad en todos los casos afirma que tenía retrasos, el porcentaje más elevado se registró en las pequeñas (66,4%). “Al analizar el período de pago de las transacciones comerciales, luego de la implementación de la ley, el 56,8% señala que no ha mejorado. Aunque por tamaño más de la mitad de las empresas afirman tener aún retraso en los pagos, son principalmente las medianas las más insatisfechas con los resultados de la ley). Las empresas señalan que los retrasos en los pagos antes de la expedición de la ley afectaban principalmente su flujo de caja”, dice la encuesta que incluye la Evaluación hecha por Fedesarrollo.

Constanza Gómez  Fuente: PORTAFOLIO https://www.portafolio.co/negocios/falta-sacarle-mas-provecho-a-la-ley-de-pago-en-plazos-justos-626164