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Insolvencia económica: entre la oportunidad y la responsabilidad

Cada vez más colombianos se acogen a la ley de insolvencia, no sólo como un alivio financiero, sino como una estrategia para reorganizar su economía. Sin embargo, este mecanismo también exige compromiso, transparencia y buen manejo.

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Foto: CityTv ¿Qué es la ley de insolvencia y a qué personas aplica? 

 

A pesar de que popularmente se habla de “declararse en bancarrota”, los expertos coinciden en que el término correcto es insolvencia. Esta figura jurídica permite a personas naturales y empresarios renegociar sus deudas bajo ciertos requisitos legales. 

 


La ley establece rutas distintas para personas naturales, comerciantes y empresas. Así las cosas, se trata de un ecosistema jurídico robusto que permite acceder a mecanismos judiciales y extrajudiciales, como la negociación directa con acreedores o la intervención ante centros de conciliación. 

 

 

Cada vez más personas se declaran insolventes: ¿una tendencia o una necesidad? 

 

Durante el último año, 11.018 personas en Colombia se acogieron a la ley de insolvencia, un aumento del 58%. Esto no necesariamente refleja una crisis económica generalizada, sino un mayor conocimiento y uso del mecanismo, el cual permite pactar nuevos plazos y condiciones con los acreedores, incluso antes de llegar al colapso financiero. 

  

Además, la pandemia y sus efectos llevaron a la implementación de medidas excepcionales que ahora se volvieron permanentes con la Ley 2437 de 2020, abriendo más caminos para la reorganización económica. 

  

 

Una estrategia, no un escape 

 

La insolvencia no debe verse como una vía para evadir responsabilidades. Así pues,  los expertos enfatizan que el régimen existe para pagar, no para huir de las obligaciones. Utilizar esta ley de forma irresponsable puede traer consecuencias negativas, como el deterioro del historial crediticio o la desconfianza de los bancos. 

  

La reorganización empresarial, por ejemplo, ha permitido salvar negocios como hamburgueserías y cadenas de café, que después del proceso, han tenido y encontrado la posibilidad de consolidarse con fortaleza en el mercado.   ¿Quién puede acogerse a la insolvencia? 

 

Según la Ley 2445 de 2025, pueden acceder al régimen las personas naturales no comerciantes que tengan al menos dos obligaciones vencidas por más de 90 días y que representen al menos el 30% de su patrimonio. También se requiere que existan dos o más procesos judiciales en curso. 

  


En el caso de los comerciantes se establecen otras condiciones y un tope de hasta 1.000 salarios mínimos legales para aplicar a la ley. El proceso se puede iniciar ante notarías o centros de conciliación. 

  


Ventajas y riesgos del proceso 

 

Una de las ventajas del proceso es que suspende temporalmente otras acciones judiciales, como embargos o remates. Esto otorga al deudor un respiro para negociar con sus acreedores. Sin embargo, también puede prestarse para abusos o fraudes si no se informa adecuadamente la existencia de bienes.  




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