Retención en la Fuente 2026 cambia con decreto 0572: ¿a quién afecta? Análisis y explicación
- Suárez Consultoría
- 30 may
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Un experto habla sobre las implicaciones de este nuevo decreto, afectaría a sectores que antes no estaban contemplados.
Retención en la Fuente 2026 cambia con decreto 0572: ¿a quién afecta? Análisis y explicación El decreto 0572 del 28 de mayo de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, ha generado una fuerte controversia por los cambios estructurales que introduce en las normas de retención en la fuente en Colombia.
La medida, que afecta a miles de contribuyentes, desde empresas hasta trabajadores independientes y sectores exentos como el agropecuario y religioso, fue calificada en Caracol Radio por el exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, como “una reforma tributaria disfrazada” que genera impactos directos en la caja de los colombianos y el costo de vida. ¿Qué cambia con el decreto 0572?
La nueva normativa busca anticipar el recaudo de impuestos de 2026 al presente año, una estrategia que el Gobierno Nacional implementa para enfrentar las tensiones de caja que afronta. Con ello, se modifican las tarifas de autorretención y las bases mínimas para practicar retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta.
Según el Ministerio de Hacienda, las tarifas oscilan entre el 1,2 % y el 4,5 %, dependiendo de la actividad económica. Entre las actividades afectadas se encuentran:
Transporte
Sector agropecuario
Servicios religiosos sin convenios internacionales
Petróleo y carbón
Salud
Fabricación de papel
Actividades de impresión Impacto económico: un golpe al flujo de caja y al costo de vida
Para el exministro Ángel Custodio Cabrera, este decreto representa un “revolcón total” en materia tributaria: “Estamos hablando de nuevas tarifas y bases grabables, lo cual excede las facultades reglamentarias del Ejecutivo”, explicó en entrevista con Caracol Radio.
Uno de los puntos es la inclusión de actividades previamente exentas, como el comercio de vehículos usados y la producción agrícola. Por ejemplo, ahora las compras de productos agrícolas sin procesamiento industrial estarán sujetas a una retención del 1,5 % si superan los $3,4 millones. En el sector inmobiliario, las viviendas hasta 10.000 UVT (aproximadamente $498 millones) tendrán una retención del 1 %, y del 2,5 % para el exceso y otros usos.
Cabrera advierte que esto afectará la inflación, ya que incrementará el costo de los alimentos, su transporte y toda la cadena de distribución: “Veo un impacto directo en el costo de vida, especialmente en sectores como el agro y el comercio”, recalcó.
¿Es legal este decreto?
El exministro también plantea serias dudas jurídicas sobre la legalidad del decreto. Aunque la ley permite que el Ejecutivo ajuste tarifas de retención, no está facultado para crear nuevas bases gravables, lo cual corresponde exclusivamente al Congreso de la República.
“Este decreto toma funciones legislativas que no le corresponden al Ejecutivo. Va a generar una discusión jurídica muy fuerte y seguramente será demandado ante el Consejo de Estado”, aseguró Cabrera. En la misma línea se pronunció el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, quien calificó la medida como una reforma tributaria encubierta, con efectos económicos significativos para todos los colombianos. ¿A quién afecta?
De acuerdo con el análisis hecho por el exministro Cabrera, el decreto 0572 afecta a:
Empresas que deben anticipar el pago del impuesto de renta
Comerciantes y distribuidores de bienes usados
Productores agropecuarios
Iglesias y comunidades religiosas no amparadas por tratados internacionales
Ciudadanos que adquieran bienes raíces
Cadenas logísticas y de transporte
La retención se aplicará en una base mínima superior a 2 UVT mensuales, es decir, alrededor de $96.000, lo que implica que incluso operaciones de menor cuantía estarán sujetas al cobro anticipado.
¿Qué sigue ahora?
Mientras el Ministerio de Hacienda defiende el decreto como una medida de eficiencia fiscal para mejorar la liquidez del Estado, varios sectores ya anuncian acciones legales. En los próximos días se esperan demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, que deberá determinar si el decreto 0572 respeta el principio de legalidad tributaria.
Por ahora, según Custodio Cabrera, los contribuyentes deberán prepararse para un impacto financiero significativo. Empresas, trabajadores independientes y sectores tradicionalmente exentos deberán revisar su planeación tributaria y ajustarse a las nuevas obligaciones impuestas.
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