Gobierno y Centrales Sindicales (CUT, CTC, y CGT) Celebran la Conciliación Voluntaria sobre Piso de Protección Social y Decreto 1174 de 2020
Después de un prolongado periodo de más de tres años de queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Colombia marca un hito al lograr un acuerdo histórico entre el Gobierno Nacional y las principales centrales sindicales del país. La conciliación voluntaria se centra en la reclamación presentada en virtud del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo), específicamente relacionada con el Piso de Protección Social y el polémico decreto 1174 del año 2020.
En una reunión que destaca por ser la primera de este tipo en el continente americano, las partes involucradas acordaron de manera voluntaria retirar la queja internacional presentada ante la OIT. La Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, resaltó la importancia de este acuerdo como una oportunidad para mejorar sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores en Colombia, especialmente en lo que respecta a la seguridad social y el derecho a una pensión digna.
El elemento central de este acuerdo histórico es la derogación explícita del controvertido decreto 1174 de 2020, el cual, aunque inactivo según la Sentencia C-276 de 2021 de la Corte Constitucional, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las centrales sindicales. Este decreto, conocido como el Piso de Protección Social, fue percibido como un recorte de derechos para los trabajadores al negarles el acceso a la pensión, especialmente aquellos que no perciben un salario mínimo.
Las centrales obreras, CUT, CTC y CGT, celebraron este acuerdo como un paso significativo hacia la protección de los derechos laborales en el país. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), expresó: "Nos parece muy positivo este ánimo de concertación con el Gobierno y lo celebramos ante la OIT". Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), destacó que este acuerdo cumple con uno de los puntos clave que estuvo en la mesa durante el paro nacional, que era la derogatoria del decreto 1174.
El acuerdo va más allá de la derogación del decreto. Entre los compromisos establecidos, se encuentra la promoción de iniciativas normativas que permitan la afiliación obligatoria al Sistema de Seguridad Social de trabajadores y trabajadoras con menores ingresos. Asimismo, se impulsarán medidas para garantizar el trabajo decente y la justicia social, mediante el rediseño del sistema de protección social para asegurar una protección universal frente a los riesgos en salud, desempleo y vejez.
En un esfuerzo por abordar la informalidad laboral, el Gobierno se compromete a adoptar medidas para que los trabajadores informales tengan derecho a la seguridad social, incluyendo prestaciones económicas relacionadas con incapacidades de salud, riesgos laborales, maternidad y paternidad.
Uno de los aspectos destacados del acuerdo es la inclusión de consultas tripartitas en cualquier iniciativa gubernamental, cambio normativo y medidas adoptadas. Este enfoque busca fortalecer el diálogo y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones que afectan sus derechos laborales.
Además, se acordó la implementación de una hoja de ruta que contemple medidas de divulgación y campañas de sensibilización para avanzar en la protección social de los trabajadores. Para garantizar el cumplimiento de estos compromisos, las partes involucradas se comprometieron a reunirse al menos cada dos meses durante el próximo año para dar seguimiento al acuerdo y evaluar su implementación.
Este acuerdo sin precedentes representa un avance significativo en la relación entre el Gobierno y los sindicatos en Colombia, marcando un hito positivo en la resolución de conflictos laborales a nivel internacional y demostrando la efectividad de la conciliación voluntaria en la búsqueda de soluciones equitativas.
Fuente: Portafolio.
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