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Gobierno expidió decreto con el que aplicaría las medidas de su reforma a la salud

La iniciativa estará sujeta a las disponibilidades presupuestales definidas en el Marco Fiscal, y su vigilancia y control quedarán en manos de la Superintendencia de Salud

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El Ministerio de Salud expidió el Decreto 0858 de 2025, mediante el cual se establece un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, en línea con la intención que han manifestado diversos funcionarios (ministro y superintendente de Salud) en asuntos relacionados con la política pública en el ámbito sanitario.


La medida tendrá aplicación en todo el país e involucrará a entidades tanto del orden distrital como departamental, así como a prestadores de servicios de salud, públicos, privados o mixtos. También cobijará a las Entidades Promotoras de Salud, más conocidas como EPS; a los proveedores de tecnologías en salud; a la Superintendencia; al Sistema General de Seguridad Social; a la Adres; y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, entre otros.

El decreto incorpora varias de las disposiciones que el Gobierno intentó avanzar a través de su reforma a la salud. En él se señala que el Ministerio de Salud será el ente rector a nivel nacional, mientras que, en el ámbito territorial, serán los departamentos, distritos y municipios quienes asumirán el liderazgo. De esta forma, serán las entidades públicas las encargadas de definir las directrices de implementación y ejecución del sistema.


Uno de los principios clave de dicha reforma fue la territorialización del sistema. Para el Gobierno, esto se entiende como un proceso orientado a identificar las condiciones económicas, sociales y políticas necesarias para poner en marcha el nuevo modelo de atención. A esto se suma que las autoridades del orden departamental, distrital y municipal podrán estructurar esquemas de atención predictiva y resolutiva para garantizar el derecho a la salud.

El Gobierno anunció la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud, las cuales estarían conformadas por entidades departamentales y distritales. Su objetivo sería garantizar la calidad, la equidad y la continuidad en la prestación de los servicios.

Estas redes estarán integradas por un nivel primario compuesto por IPS públicas, privadas y mixtas, así como por los Centros de Atención Primaria en Salud, conocidos como Caps, que se integrarán de manera progresiva, también se involucrarían profesionales independientes y actores involucrados en el transporte de pacientes.

El nivel complementario de la Red Integrada Territorial abarcará los servicios de salud de mediana y alta complejidad, así como el talento humano del sistema. De acuerdo con el decreto, este nivel actuará en articulación con las redes regionales y nacionales cuando sea requerido, lo que permitirá garantizar la interconexión entre los diferentes actores del modelo a nivel nacional.


Uno de los elementos destacados en el decreto son precisamente los Caps, ya contemplados en la reforma. En este punto, se establece que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, tanto públicas como privadas, deberán organizarse bajo esta figura y ofrecer la atención correspondiente para consolidar un enfoque preventivo.

El Ministerio de Salud se articulará con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Trabajo para avanzar, en un plazo de seis meses, en la formalización del talento humano del sector salud. También se indicó que se promoverá la disponibilidad de datos abiertos, permitiendo así que la ciudadanía acceda de manera libre a información relevante del sistema.

Este modelo anunciado por el Gobierno se financiará con recursos de la Adres, del Sistema General de Participaciones, del Presupuesto General de la Nación y de otras fuentes que sean asignadas por el Ejecutivo. La implementación progresiva de la iniciativa estará sujeta a las disponibilidades presupuestales definidas en el marco fiscal de mediano plazo, y su vigilancia y control quedarán en manos de la Superintendencia Nacional de Salud.

El Ministerio también señaló que la expedición del decreto, "no modifica el esquema vigente de aseguramiento ni elimina las EPS".

Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, advirtió en La FM de RCN que el decreto no soluciona los problemas de desabastecimiento de medicamentos.

"Es un paso ilegal e inconstitucional que apunta a cambiar el modelo de aseguramiento en las EPS a uno donde el ente territorial (departamento) sea el articulador", concluyo.




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