Colombia necesitaría más que una agencia de ciberseguridad para blindarse ante el crimen digital
- Suárez Consultoría
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Contrarrestar este flagelo, según expertos, exige capacidades técnicas, coordinación y prevención permanente.
Fortalecer la seguridad digital, exige mayores capacidades del Estado. Foto
En medio del reciente debate que se abrió en el país por la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad en Colombia, expertos advierten que este paso va en la dirección correcta, la lucha contra las organizaciones criminales en el mundo digital debería ir más allá del diseño de una nueva entidad pública.
Para el analista y consultor en ciberseguridad, José Pino, el país necesita construir una capacidad nacional para anticipar, detectar y responder a las amenazas digitales, mediante un sistema que articule al Estado, las empresas, la academia y los operadores de infraestructura crítica.
Si bien este experto reconoce que medidas como fortalecer el control sobre las tarjetas SIM o bloquear URL utilizadas para cometer fraudes representan avances importantes, también advierte que esas acciones corresponden apenas a las primeras capas de protección frente a un fenómeno que evoluciona con rapidez y que aprovecha nuevas tecnologías para modificar constantemente sus métodos de ataque. Colombia necesitaría un sistema nacional para fortalecer la ciberseguridad
Uno de los principales planteamientos del análisis es que la discusión no debería concentrarse exclusivamente en la creación de una nueva institución y por eso resalta que “la pregunta verdaderamente importante es qué capacidades tendrá, cómo obtendrá información, quiénes orientarán sus decisiones y con qué velocidad podrá actuar", al tiempo que, bajo esa premisa, advierte que una agencia sin talento especializado, autonomía técnica y coordinación con la industria podría terminar reaccionando a los ataques una vez ya se hayan materializado.
Como alternativa, propone desarrollar un Sistema Nacional de Resiliencia Digital, concebido como una red de capacidades distribuidas y no únicamente como una organización administrativa. En ese modelo, la agencia actuaría como autoridad técnica y coordinadora, mientras empresas, universidades, centros de investigación, operadores de infraestructura crítica y autoridades compartirían información para identificar amenazas y coordinar respuestas de forma más rápida.
Desde su perspectiva, Pino resume esa diferencia con una afirmación que sintetiza la propuesta y sostiene que “una agencia es una organización; un sistema es una capacidad distribuida". El argumento parte de que ninguna entidad, por robusta que sea, puede observar por sí sola todo lo que ocurre en bancos, hospitales, plataformas digitales, empresas de energía, operadores de telecomunicaciones y entidades públicas.
Registrar SIM y bloquear URL no eliminarían el crimen digital
El análisis también examina dos de las medidas que han cobrado protagonismo en la discusión pública: el fortalecimiento del registro de tarjetas SIM y el bloqueo de direcciones web maliciosas. Aunque reconoce que ambas iniciativas pueden reducir algunas modalidades de fraude, insiste en que no atacan la estructura que sostiene las operaciones criminales.
En el caso de las SIM, el documento sostiene que mejorar la trazabilidad puede elevar el costo para los delincuentes, pero no garantiza la prevención. Los atacantes pueden recurrir a números virtuales, líneas extranjeras, servicios de voz sobre internet, identidades robadas o técnicas como el SIM swapping, mediante las cuales toman control del número telefónico de una víctima para acceder a cuentas y códigos de autenticación.
Algo similar ocurre con las URL utilizadas en campañas de fraude y por eso explica que cerrar una dirección maliciosa resulta necesario, pero insuficiente, porque los responsables pueden registrar nuevos dominios, utilizar subdominios, comprometer sitios legítimos o distribuir enlaces mediante códigos QR, redes sociales y servicios de alojamiento en la nube. En ese contexto, plantea que la respuesta debe apoyarse en inteligencia automatizada capaz de identificar la infraestructura completa utilizada por los atacantes. Talento, inteligencia artificial y cooperación serían claves para anticipar amenazas
Además del fortalecimiento institucional, José Pino propone incorporar de manera permanente a especialistas en investigación de vulnerabilidades, análisis forense, ciberinteligencia y respuesta a incidentes mediante una Red Nacional de Expertos en Ciberseguridad, con el fin de aprovechar el conocimiento técnico existente dentro y fuera del país para apoyar la formulación de políticas públicas y responder a incidentes de alto impacto sin trasladar funciones estatales al sector privado.
Entre las propuestas también figuran un Sistema Integrado de Reporte y Alerta Digital para compartir incidentes entre organizaciones, un Certificado Nacional de Ciberseguridad con estándares diferenciados según el nivel de riesgo de cada empresa y el impulso a una industria nacional especializada mediante incentivos para investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Según el análisis, estas capacidades permitirían fortalecer la confianza empresarial y reducir la dependencia de soluciones extranjeras. "La agencia no debe ser el objetivo final ni una respuesta simbólica frente al crecimiento del crimen digital. Debe ser el punto de partida para construir un país capaz de identificar las amenazas antes de que se conviertan en crisis, proteger a sus ciudadanos y responder con velocidad, inteligencia y rigor técnico", concluyó Pino.
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Editor Digital de Portafolio
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