‘Compliance’ penal: el mito que le puede salir caro a su empresa
En Colombia la persona jurídica no es responsable penalmente. Sin embargo, esto no significa que salga indemne cuando el delito se comete en su interior.

En Colombia circula una idea tan extendida como peligrosa: que, como las personas jurídicas no son penalmente responsables, los programas o sistemas para la prevención de delitos son una moda importada, útil en EE UU, Italia o España, pero de poca relevancia local. Nada más lejos de la realidad.
Es cierto que en Colombia la persona jurídica no es responsable penalmente. Sin embargo, esto no significa que salga indemne cuando el delito se comete en su interior: las consecuencias que enfrenta se asemejan a las de un sistema con responsabilidad penal empresarial. La Ley 1778 de 2016 y la Ley 2195 de 2022 establecen regímenes de responsabilidad administrativa sancionatoria para las personas jurídicas, que operan con independencia de la responsabilidad penal individual. Basta con que la empresa haya consentido la conducta, se haya beneficiado de ella o haya buscado beneficiarse.
Por eso, la vieja defensa de la “manzana podrida” cada vez tiene menos espacio. Ya no basta con atribuir la conducta a un empleado o directivo como un “hecho aislado”. Si la empresa toleró el delito, el riesgo también es suyo.
Entonces, ¿cuáles son los riesgos? De un lado, el impacto reputacional es significativo, porque la empresa difícilmente logrará desligarse del hecho. Por otro, las consecuencias incluyen, entre otras, la imposición de multas cuantiosas, la publicación de sanciones, registros públicos, inhabilidades para contratar con el Estado y la pérdida de recibir subsidios o incentivos. Además, a solicitud de la Fiscalía, un juez puede ordenar la suspensión de la personería jurídica o el cierre temporal de establecimientos. Incluso, determinadas situaciones pueden derivar en procesos de extinción de dominio.
Por ello, el valor de los programas de cumplimiento o sistemas de administración de riesgos penales no depende de que exista responsabilidad penal de la persona jurídica. Su verdadero propósito es gestionar y reducir los riesgos penales y reputacionales asociados a la actividad empresarial.
Un programa de cumplimiento robusto y eficaz le permite, entre otras cosas, proteger a la alta dirección, tener pruebas sobre la aplicación de controles, detectar oportunamente fraudes, reduciendo su impacto operativo y costo asociado, acreditarse como víctima en un proceso penal o respaldar la acreditación de buena fe exenta de culpa en procesos de extinción de dominio.
En otras palabras, los programas de cumplimiento tienen sentido, porque protege a la empresa, a sus directivos y a su valor de negocio frente a riesgos que pueden comprometer su operación, reputación y continuidad. Fuente: ÁMBITO JURÍDICO https://www.ambitojuridico.com/noticias/comercial/compliance-penal-el-mito-que-le-puede-salir-caro-su-empresa





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