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Foto del escritorSuárez Consultoría

Esta es la ponencia para segundo debate del proyecto que previene el fraude a la seguridad social

Fue radicada ante la plenaria de la Cámara de Representantes la ponencia para el proyecto de ley 381/24C, que tiene como objetivo garantizar que todos los sistemas de consulta de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) estén actualizados en tiempo real y se cree un mecanismo de verificación que le permita al empleador constatar la afiliación.

La iniciativa establece que no podrán desvincularse o desafiliarse personas antes de cumplir el tiempo inicialmente cotizado, ni se podrá modificar la actividad o el valor inicialmente reportado, para esto todos los sistemas de consulta de la PILA administrada por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) deberán estar actualizados en tiempo real y brindar información que permita verificar las condiciones reales de afiliación, como mínimo la fecha de pago, el periodo cotizado y de afiliación y demás datos que el Gobierno reglamente.


Adicionalmente, se deberá crear un mecanismo de verificación y autenticación que permita al empleador o contratante constatar la afiliación hecha directamente o por medio de agremiadoras o asociaciones debidamente autorizadas. Este sistema deberá integrar y consolidar las bases de datos y los mecanismos de control vigentes, garantizando así una mayor eficacia y seguridad en el proceso de verificación de la afiliación y evitando duplicidades y contradicciones en la información.


La iniciativa también crearía la Comisión nacional contra el fraude a la protección social como una instancia de coordinación, apoyo y asesoría, para generar acciones efectivas de atención y solución de los problemas de evasión y fraude en el Sistema de Seguridad Social Integral, mediante la implementación de estrategias de corto, mediano y largo plazo que busquen prevenir, gestionar y sancionar estos fenómenos.


“Se deberá diseñar e implementar una política pública que cuente con la participación de actores públicos y privados, la cual deberá ser revisada y actualizada cada dos años de acuerdo al seguimiento de la ejecución que se haga de la misma”, se lee en el documento.


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