¡No me embarguen, por favor!

No ignore sus obligaciones, no esconda sus bienes y no espere a que la situación sea irreversible.

Nos puede pasar a todos. No importa si somos una persona natural o jurídica. Un comerciante, un emprendedor o un empresario consolidado. Un asalariado, un empleado o un independiente. Las crisis financieras o económicas pueden aparecer en cualquier momento, sin que eso dependa de lo dedicados que hayamos sido con el negocio o de la cantidad de tiempo que llevamos administrándolo: sencillamente pasa.

Nos quedamos sin trabajo, los clientes nos incumplen con los pagos o simplemente llega una crisis, una pandemia o un evento inesperado que nos cambia las reglas. De repente estamos un domingo cualquiera recibiendo a las 7:00 a. m. la llamada del banco que tan amablemente nos prestó la plata amenazándonos con cobros coactivos, o recibimos en nuestro correo el mandamiento de pago de un juzgado que ni sabíamos que existía embargándonos la cuenta o los bienes.  

Pero como bien lo decía el filósofo griego Epicteto, la vida no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a ello, y frente a una crisis financiera, antes de decidir apagar la luz y cerrar la puerta, hay otras formas de afrontarlo.

Lo primero que debemos entender es que tener dificultades para pagar las deudas no significa necesariamente que seamos malos empresarios, malos administradores o personas irresponsables. A veces, simplemente, las circunstancias económicas nos superan. Y precisamente porque esto puede pasarle a cualquiera, en Colombia se han venido desarrollando herramientas para que las personas y las empresas puedan reorganizar sus finanzas, y cuando sea posible, volver a empezar.

En otras palabras, antes de pensar que la única salida es venderlo todo, entregar las llaves o esconderse del banco, vale la pena conocer las alternativas que ofrece la ley.

Una de ellas es el procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante, una herramienta particularmente interesante para quienes, por diferentes circunstancias, han perdido la capacidad de atender oportunamente sus obligaciones. Su propósito no es premiar al deudor que no paga ni desconocer los derechos de quienes le prestaron dinero. Se trata, más bien, de crear un escenario institucional para que ambas partes puedan sentarse a negociar y encontrar una solución razonable.

¿Y qué se gana con esto? Mucho más que una simple reunión para hablar de plata. Una vez aceptada la solicitud, se producen efectos legales importantes: se suspenden los procesos ejecutivos y de cobro que estén en curso, no pueden iniciarse nuevos procedimientos de ejecución por las obligaciones comprendidas en el trámite y se suspenden, con las excepciones legales, los descuentos automáticos y pagos por libranza. En otras palabras, el deudor obtiene un espacio de protección para organizar sus finanzas y construir una propuesta seria de pago, sin que la presión individual de cada acreedor haga imposible cualquier negociación.

Por supuesto, esto no significa que las deudas desaparezcan por arte de magia, que los acreedores pierdan sus derechos o que cualquier persona pueda acogerse al procedimiento sin cumplir los requisitos. La finalidad es alcanzar un acuerdo que permita atender las obligaciones en condiciones compatibles con la realidad económica del deudor.

Pero las personas naturales no son las únicas que cuentan con estas herramientas. También existen alternativas para las empresas que atraviesan dificultades económicas y que, a pesar de ellas, tienen posibilidades de continuar operando.

Pensemos en una empresa que tiene 50 trabajadores, una planta de producción, contratos vigentes, proveedores que dependen de su operación y clientes que necesitan sus productos. De repente, pierde a su principal comprador, sus ingresos disminuyen y comienza a incumplir sus obligaciones financieras. ¿La solución debería ser cerrar la empresa y liquidar sus activos? No necesariamente. Detrás de una empresa en crisis no solamente hay balances y estados financieros: hay empleos, familias, relaciones comerciales, conocimiento y capacidad productiva que vale la pena preservar.

Para estos casos, existe el Procedimiento de Recuperación Empresarial ante las cámaras de comercio, una herramienta que permite a las empresas y demás sujetos habilitados por la ley negociar con sus acreedores bajo un escenario de mediación institucional, bajo una perspectiva y un escenario muy parecido al anterior y en solo tres meses obtener acuerdos. 

Por eso, las cámaras de comercio tienen un papel que va mucho más allá de llevar registros mercantiles, organizar eventos o promover el desarrollo empresarial. A través de sus centros de arbitraje y conciliación, también contribuyen encontrar salidas institucionales a las dificultades financieras, preservar sus actividades productivas y reconstruir sus relaciones económicas.

Así que, si algún día recibe esa llamada del banco un domingo a las siete de la mañana, o encuentra en su correo electrónico un mandamiento de pago, respire. No ignore sus obligaciones, no esconda sus bienes y no espere a que la situación sea irreversible. Infórmese, busque asesoría y conozca las herramientas que ofrece la ley. Porque, aunque las deudas hay que pagarlas, las crisis también se pueden superar. Y antes de que alguien nos diga “señor, tenemos que embargarle”, tal vez valga la pena responder: “un momento, ¿por qué no nos sentamos primero a negociar?”. Fuente: ÁMBITO JURÍDICO https://www.ambitojuridico.com/noticias/comercial/no-me-embarguen-por-favor