Qué es y cómo opera el 'cartel de insolvencia', la estructura criminal para evadir deudas que denunció Asobancaria
- Suárez Consultoría
- hace 20 horas
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Aunque la insolvencia es un recurso legal, el gremio advierte que se ha detectado un aumento en las solicitudes.
Las desafiantes condiciones económicas y la baja formalidad ha influenciado este aumento en las declaratorias de quiebra. Foto: Imagen de ChatGPT La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) ha emitido una alerta nacional sobre la existencia y el funcionamiento de una estructura criminal denominada como el “cartel de la insolvencia”. Según la entidad gremial, esta organización utiliza mecanismos de engaño y fraude para permitir que diversos deudores evadan sus obligaciones financieras y comerciales. Aunque la insolvencia es un recurso legal diseñado para apoyar a personas en crisis económica real, el gremio advierte que se ha detectado un aumento significativo en solicitudes con "irregularidades y actuaciones de mala fe" durante los últimos dos años. Definición y composición del cartel
De acuerdo con la denuncia presentada por Asobancaria, esta estructura no opera de forma aislada, sino que constituye una red coordinada. El cartel estaría integrado primordialmente por “un grupo de abogados asesores” que actúan en connivencia con determinados centros de conciliación para ejecutar maniobras irregulares. El objetivo central de estos actores es facilitar el acceso indebido a los beneficios que otorga la ley de insolvencia a personas que no cumplen con los requisitos de crisis real o que buscan defraudar a sus acreedores.
Uno de los componentes más críticos identificados en esta operación es la figura de los “quiroamigos”. Según las fuentes del sector, se trata de individuos que son registrados en los procesos como supuestos prestamistas para crear deudas inexistentes.
Asobancaria ha verificado que muchos de estos supuestos acreedores aparecen de manera recurrente en múltiples procesos de insolvencia y, en diversos casos, se ha constatado que son personas que se encuentran actualmente “privadas de la libertad”, lo que demuestra la instrumentalización de identidades para concretar el fraude. Modalidades de operación y coordinación
La estructura criminal opera bajo una metodología de “coordinación sistemática” entre los abogados y los centros de conciliación. Las investigaciones del gremio han identificado un patrón en el cual los mismos profesionales del derecho, particularmente aquellos que representan a los acreedores ficticios, acuden de forma reiterada a las mismas sedes de conciliación. En estos lugares se tramitan solicitudes que presentan inconsistencias legales y financieras, buscando “instrumentalizar el trámite legal con fines ilegítimos”.
Una de las tácticas principales es la “creación de deudas ficticias”. Este método se utiliza para inflar el número de acreedores y el monto de las obligaciones, permitiendo que el deudor cumpla con los requisitos mínimos legales para declararse en insolvencia. Al incluir a los "quiroamigos" en la lista de acreedores, el cartel logra forzar acuerdos de pago que perjudican directamente a los acreedores legítimos, como bancos, empresas del sector real y proveedores.
Sectores afectados y alcance de la denuncia
La denuncia detalla que el impacto de este cartel se extiende más allá de las entidades bancarias tradicionales. Las acciones fraudulentas afectan obligaciones contraídas con el sector solidario, empresas Fintech, compañías de telecomunicaciones (telcos) y diversos actores del sector real. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, explicó que “se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telcos, los proveedores, entre otros”.
Esta situación genera una serie de repercusiones negativas para el sistema en su conjunto, incluyendo la “pérdida de confianza, el reporte a las centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito e incluso consecuencias penales” para quienes participan en estas prácticas.
Consecuencias legales y penales
Desde la perspectiva jurídica, las autoridades y expertos han advertido sobre la gravedad de estas conductas. El abogado penalista Iván Cancino señaló que tanto los asesores como los deudores y los prestamistas ficticios incurren en conductas punibles. Según Cancino, “los abogados, las personas que se declaran en insolvencia haciendo trampa y los prestanombres que permiten usar su identidad para servir como acreedores ficticios en estos procesos, incurren en conductas punibles”.
Los implicados en el "cartel de la insolvencia" podrían enfrentar cargos por delitos graves como “concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento”. El jurista fue enfático al advertir que, de ser hallados culpables, estas personas “pueden terminar en la cárcel”. Por su parte, Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, recordó que la figura de la insolvencia no fue creada para evadir pagos, sino para auxiliar a quienes están en crisis. Talero advirtió que los abogados que actúen de forma fraudulenta se exponen a sanciones administrativas severas, como la “pérdida de su tarjeta profesional”, además de las penas de prisión. Impacto en la economía nacional
El reporte de Asobancaria subraya que el uso indebido de las herramientas legales de insolvencia deteriora la economía del país al erosionar la confianza en los deudores. Este fenómeno provoca que las entidades financieras apliquen “exigencias más estrictas” para otorgar créditos y genera un “encarecimiento general del costo del crédito” para todos los ciudadanos.
Finalmente, el gremio ha solicitado a las autoridades competentes un fortalecimiento inmediato de los “mecanismos de control y supervisión” para frenar la operación de esta estructura criminal. Asobancaria hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar las herramientas legales con responsabilidad, recordando que participar en este cartel conlleva sanciones disciplinarias, multas y penas privativas de la libertad por el engaño infligido al sistema judicial.
BRAYAN SILVA HERNÁNDEZ
Periodista PORTAFOLIO Fuente: PORTAFOLIO
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