Insolvencia económica en Colombia para personas naturales y pequeños comerciantes: requisitos legales, condiciones y beneficios de la normativa
- Suárez Consultoría
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Guía detallada sobre el proceso de cesación de pagos y las garantías para negociar deudas sin perder el patrimonio bajo el marco jurídico vigente.
La Ley 2445 de 2025 suspende procesos de cobro coactivo y restituciones de bienes para garantizar que el deudor logre normalizar sus créditos en mora. Foto: istock
Con la reciente sanción de la Ley 2445 del 11 de febrero de 2025, Colombia actualiza su marco jurídico para permitir que ciudadanos con dificultades financieras logren normalizar sus relaciones crediticias.
Esta normativa, que modifica apartados sustanciales del Código General del Proceso, busca facilitar que el deudor acceda a una segunda oportunidad para reorganizar su vida financiera según ha destacado el Ministerio de Justicia y del Derecho.
El proceso contempla desde la negociación directa hasta la liquidación patrimonial para descargar pasivos. ¿Quiénes pueden acogerse al nuevo régimen de insolvencia y cuáles son los límites de activos permitidos?
La legislación actual amplía el espectro de beneficiarios. De acuerdo con el artículo 4 de la ley, el régimen aplica para personas naturales no comerciantes y, como novedad, se incluye a los pequeños comerciantes.
Para estos últimos, se define que sus activos totales deben ser inferiores a mil Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).
Al realizar este cálculo, la normativa es clara en señalar que se debe excluir el valor de la vivienda familiar y el vehículo que funcione como herramienta de trabajo. Requisitos legales de la cesación de pagos para iniciar el proceso de insolvencia
Para que un ciudadano pueda declararse formalmente en insolvencia, debe cumplir con criterios técnicos de mora. El deudor debe presentar un incumplimiento en el pago de dos o más obligaciones con al menos dos acreedores distintos.
Este retraso debe superar los noventa días. Asimismo, el monto adeudado en mora tiene que representar "no menos del treinta por ciento del pasivo total a cargo del deudor".
Un punto fundamental en el cálculo de esta cifra es que se deben excluir los créditos cancelados mediante libranza o descuento de nómina, a menos que estos hayan dejado de pagarse efectivamente.
También es causal de insolvencia la existencia de dos o más procesos judiciales de cobro o restitución de bienes en contra del interesado. Suspensión de cobros y protección del salario como beneficios inmediatos tras la aceptación del trámite
Una vez el proceso es admitido, los efectos legales brindan un alivio inmediato al solicitante. Bajo lo estipulado en el artículo 16, se prohíbe el inicio de nuevos procesos de ejecución o cobro coactivo y se pausan los que ya estén en curso.
Uno de los beneficios más significativos es la suspensión de los descuentos de nómina y pagos por libranza, con la única excepción de las deudas por obligaciones alimentarias.
Adicionalmente, las empresas prestadoras no podrán suspender los servicios públicos domiciliarios en la residencia o lugar de trabajo del deudor por facturas vencidas antes de la aceptación del proceso. Esto garantiza un mínimo vital mientras se adelanta la negociación.
El objetivo de la reinvención financiera y la liquidación del patrimonio bajo la buena fe contractual
El artículo 3 de la Ley 2445 de 2025 señala que el objeto de este régimen es el reintegro de la persona natural a la actividad productiva nacional mediante la normalización de sus relaciones crediticias.
Según lo estipulado en la norma, esto puede lograrse a través de un acuerdo con acreedores, la convalidación de acuerdos privados o, en una instancia posterior, mediante la liquidación de su patrimonio para descargar los pasivos.
Todo el proceso se rige bajo la presunción de buena fe de las partes, buscando que el deudor, tras enfrentar la imposibilidad de cumplir sus compromisos, tenga una nueva oportunidad para organizar su economía.
Andrés Felipe Bejarano Bejarano
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS Fuente: EL TIEMPO
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