Ley de insolvencia cumple 20 años: así han cambiado los procesos para salvar empresas en Colombia
La Ley 1116 de 2006 ha tenido reformas que agilizaron la reorganización de compañías en dificultades.
Problemas de deudas Foto: Fuente: Canva
La Ley 1116 de 2006, que estableció el régimen general de insolvencia empresarial en Colombia, cumple veinte años en diciembre con avances en los tiempos de los procedimientos y nuevas herramientas para reorganizar compañías en dificultades.
Sin embargo, el acceso a financiación y la detección temprana de las crisis siguen siendo retos para evitar que empresas con posibilidades de recuperación terminen cerrando, según el análisis de Fernando Bustos, presidente fundador de Organización Impulso Empresarial.
El balance muestra una transformación en los mecanismos disponibles para negociar deudas, proteger la operación de los negocios y facilitar acuerdos con los acreedores. No obstante, Bustos advierte que contar con herramientas jurídicas no garantiza que las empresas las utilicen a tiempo ni que consigan los recursos necesarios para continuar operando después de una reorganización.
Ley 1116: las reformas que agilizaron los procesos de insolvencia empresarial
La Ley 1116 surgió después de la crisis económica de finales de los años noventa, tras la experiencia de los concordatos de la Ley 222 de 1995 y los acuerdos de reestructuración de la Ley 550 de 1999. El país necesitaba un régimen permanente que ofreciera mayor seguridad jurídica y alternativas para reorganizar compañías o adelantar su liquidación judicial.
Durante los primeros catorce años, el sistema enfrentó demoras significativas. Aunque la norma establecía tres días para pronunciarse sobre la admisión de una solicitud, algunos casos tardaban siete u ocho meses. La negociación y confirmación de acuerdos podía extenderse alrededor de dos años, mientras los embargos sobre cuentas bancarias llegaban a inmovilizar recursos indispensables para operar.
“La oportunidad de las decisiones debe considerarse, por tanto, un componente esencial de la eficacia del régimen”, sostiene Bustos, quien advierte que la incertidumbre puede deteriorar las relaciones comerciales y reducir las posibilidades de recuperación.
La pandemia aceleró cambios que ya se venían estudiando. Los decretos legislativos 560 y 772 de 2020 introdujeron herramientas que, en buena parte, se incorporaron al régimen permanente mediante la Ley 2437 de 2024. Según el experto, con la modernización algunas decisiones de admisión llegaron a obtenerse en aproximadamente una semana y los acuerdos de reorganización, en cuatro a seis meses.
Las cifras citadas en su análisis muestran que en 2020 se confirmaron 211 acuerdos de reorganización, frente a 686 en 2021, un incremento del 225 %. “Estos resultados muestran que mejorar la eficacia de los mecanismos existentes puede ser tan importante como crear otros nuevos”, afirma.
Insolvencia en Colombia: más herramientas para reorganizar empresas
Las reformas ampliaron las alternativas para compañías en dificultades, con mecanismos de negociación de emergencia, procedimientos abreviados, opciones de salvamento para empresas próximas a la liquidación y herramientas para reducir pasivos bajo determinadas condiciones legales.
También hubo cambios en el acceso al crédito. La Ley 1676 de 2013 modernizó las garantías mobiliarias y amplió los activos que pueden respaldar obligaciones, como inventarios, maquinaria, cuentas por cobrar, derechos contractuales y activos futuros. Sin embargo, contar con bienes para ofrecer como garantía no asegura que las pequeñas y medianas empresas consigan financiación.
El experto también advierte que las crisis económicas pueden tardar años en reflejarse en las solicitudes de insolvencia. Después de las dificultades asociadas con la caída del petróleo y el aumento del dólar en 2014 y 2015, las solicitudes pasaron de 814 en 2017 a 1.243 en 2018, un incremento cercano al 53%.
Durante la pandemia, las solicitudes fueron 1.242 en 2019, 1.292 en 2020 y 1.193 en 2021. Luego aumentaron a 1.554 en 2023 y 1.699 en 2024, según los informes de gestión de la Superintendencia de Sociedades citados por Bustos. El experto señala que las empresas suelen intentar renegociar obligaciones, buscar financiación, reducir costos y vender activos antes de acudir a un proceso formal.
Financiación y prevención, los retos para salvar empresas en Colombia
Para Bustos, este comportamiento evidencia la necesidad de anticiparse a las crisis mediante diagnósticos financieros y procesos de reestructuración temprana. Los problemas de liquidez, el deterioro de los márgenes y las obligaciones vencidas pueden advertir sobre dificultades antes de que una compañía agote sus recursos.
El acceso a mecanismos de recuperación también es un desafío para las empresas pequeñas. El Procedimiento de Recuperación Empresarial (PRE), antecedido por el PRES durante la pandemia, permite negociar con acreedores mediante las cámaras de comercio. Estas entidades podrían ampliar la orientación y el acompañamiento a micro y pequeñas empresas, aunque persisten barreras documentales y operativas.
La principal dificultad, sin embargo, sigue siendo conseguir dinero para mantener el negocio en marcha. “Un acuerdo puede reorganizar deudas y establecer nuevos plazos, pero no sustituye los recursos necesarios para comprar inventarios, cumplir contratos y pagar trabajadores. Sin financiación, incluso un buen acuerdo puede resultar insuficiente”, advierte Bustos.
Por eso, propone desarrollar mecanismos de financiación especializados que evalúen la capacidad futura de generar ingresos, los contratos y los activos productivos, sin excluir automáticamente a las compañías por estar en reorganización.
También considera necesario acompañarlas después de la confirmación de los acuerdos para que recuperen su operación y puedan cumplir sus compromisos.
A veinte años de la Ley 1116, el reto es convertir los avances jurídicos en mayores posibilidades de continuidad para las empresas viables. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99% del tejido empresarial colombiano, por lo que el experto resume el desafío con una frase: “Ninguna empresa viable debería perderse por una crisis temporal”.
Julián Andrés González Vargas
Periodista Portafolio
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