Ley de rescate fiscal: qué dicen los centros de pensamiento sobre el ajuste del Gobierno

Corficolombiana, ANIF y Fedesarrollo respaldan la necesidad de corregir las finanzas públicas, pero advierten sobre los riesgos de reducir el alcance de la reforma. Las proyecciones muestran que eliminar ingresos sin reemplazarlos podría elevar la deuda, encarecer el financiamiento del Estado y dejar pendientes los problemas fiscales.

Las ayudas para los afectados por el terremoto ayudaron a dinamizar el comportamiento del comercio minorista en agosto. Foto: Laura Salomón Prieto La Ley de Rescate Económico busca mejorar el balance primario en 4,7 puntos del PIB para 2030, pero su aprobación depende de medidas que pueden encontrar resistencia en el Congreso y afectar el bolsillo de los hogares.

En un reciente informe, Corficolombiana considera necesario el ajuste, aunque advierte que buena parte del resultado depende de ampliar el IVA y crear nuevas fuentes para financiar la salud. ANIF y Fedesarrollo también respaldan la necesidad de corregir las cuentas públicas, pero sus análisis ponen el foco en los riesgos de aprobar una reforma incompleta o con una composición distinta a la propuesta.

El proyecto que el Gobierno radicó el 29 de octubre abrió una discusión que va más allá de cuánto debe recortarse el gasto o cuánto recaudo adicional necesita el Estado. Los centros de pensamiento coinciden en que las finanzas públicas requieren una corrección de fondo. Sus evaluaciones, sin embargo, muestran que el resultado dependerá tanto del tamaño del ajuste como de las medidas que finalmente sobrevivan al trámite legislativo.

La evaluación más reciente es la de Corficolombiana, que considera que la estrategia es más ambiciosa de lo esperado y que responde a un deterioro fiscal que ya no permite aplazar las decisiones. Sin medidas, calcula el centro de estudios, la deuda neta del Gobierno llegaría al 82,1 % del PIB en 2030, mientras que el "pago de intereses absorbería la mitad del recaudo".

La entidad advierte que el proyecto busca mejorar el balance primario en 2,4 % del PIB en 2027 y 4,7 % en 2030. En paralelo, también señala que el calendario es estrecho: quedan alrededor de seis semanas para discutir una iniciativa que modifica el gasto, la tributación, la financiación de la salud, el endeudamiento territorial y las reglas fiscales.

El problema: buena parte del ajuste depende de medidas sensibles

Uno de los principales hallazgos de Corficolombiana es que, pese a la amplitud del proyecto, el ajuste está concentrado en pocas fuentes.

Los recortes de gasto aportarían entre 17 % y 24 % del total, según el año. En 2027, el mayor componente vendría de las nuevas fuentes para financiar la salud, con un aporte estimado de 0,97 % del PIB. Desde 2028, el protagonismo pasaría a los impuestos al consumo, principalmente por la ampliación de la base del IVA.

La concentración importa porque esos dos componentes son también algunos de los más difíciles de negociar. Corficolombiana calcula que, si no se aprueban los impuestos al consumo, el ajuste previsto para 2030 bajaría de 4,73 % a 2,99 % del PIB. Si tampoco prosperan las nuevas fuentes para la salud, se reduciría a 2,15 %. En otras palabras, el proyecto podría perder más de la mitad de su capacidad de ajuste si el Congreso elimina esas medidas sin encontrar ingresos alternativos.

Por eso, el centro de estudios advierte que "lo que no puede perderse en esa negociación es la ambición del ajuste": una reforma más pequeña podría no ser suficiente para estabilizar las cuentas públicas.

El análisis también identifica una parte del paquete que todavía no está completamente definida. Las medidas que el Gobierno espera adoptar mediante decretos y el Plan Nacional de Desarrollo aportarían entre 0,64 % y 0,72 % del PIB desde 2028.

A esto se suma el mayor recaudo que Hacienda proyecta por efecto del crecimiento económico. En conjunto, cerca de una cuarta parte del ajuste de 2030 dependería de medidas que aún no están detalladas o de supuestos sobre el desempeño de la economía. ANIF advierte sobre el costo de aprobar una reforma incompleta

La preocupación por el tamaño del ajuste ya había aparecido en el análisis de ANIF, que examinó seis escenarios posibles de aprobación de la ley.

Su conclusión es que los recortes de gasto, incluso si se suman otras medidas que el Gobierno adoptaría por fuera del proyecto, no bastarían para estabilizar las finanzas públicas. En el escenario en que solo se aprueban los recortes incluidos en la iniciativa, la deuda neta llegaría a 78,2 % del PIB en 2030, por encima del límite de 71 % establecido en la regla fiscal. Si se agregan otras medidas de gasto previstas por el Ejecutivo, pero no se incorporan nuevos ingresos, la deuda se ubicaría en 76 %. El panorama cambia cuando se incluyen las medidas tributarias. Si se aprueba el proyecto completo, ANIF calcula que la deuda neta bajaría a 64 % del PIB en 2030 y que el Gobierno alcanzaría un superávit primario de 0,3 % del PIB. En cambio, si la ley no pasa, la deuda llegaría a 81,9 % y el déficit total ascendería a 10,3 % del PIB. El centro de estudios también midió el posible efecto sobre el costo de financiamiento. En el escenario de aprobación integral, el indicador de riesgo de impago de la deuda colombiana a cinco años, conocido como CDS, se ubicaría en 101 puntos básicos. Sin la ley, subiría a 277 puntos básicos.

La diferencia muestra cómo la incertidumbre sobre el ajuste puede trasladarse a las condiciones en las que el Estado consigue recursos en los mercados. Sin embargo, ANIF no plantea que la composición actual sea la única posible. Su advertencia es que cualquier modificación que reduzca los ingresos o el ahorro esperado debe acompañarse de medidas alternativas con un efecto fiscal equivalente.

Incluso con la aprobación completa, la deuda seguiría por encima del ancla de 55 % del PIB, por lo que el esfuerzo tendría que continuar después de 2030. Fedesarrollo respalda el ajuste, pero cuestiona el costo laboral

El centro de pensamiento también considera que una reforma amplia es necesaria para corregir el deterioro de las finanzas públicas.

Su análisis respalda la ampliación de la base del IVA y los cambios en el impuesto de renta para personas naturales, pero cuestiona dos componentes que, a su juicio, podrían generar efectos contraproducentes: el aumento de los costos asociados al empleo formal y los beneficios tributarios para grandes inversiones. En el primer caso, el centro de estudios advierte que reducir las exenciones de los aportes empresariales a salud, SENA e ICBF puede encarecer la contratación de trabajadores con salarios superiores a dos mínimos. Ese mayor costo podría desincentivar la vinculación formal, especialmente en empresas pequeñas.

"Encarecer el trabajo asalariado formal es una manera de perpetuar los niveles altísimos de trabajo por cuenta propia y en negocios de menos de 5 personas", señaló Fedesarrollo. La segunda alerta está relacionada con el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que contempla condiciones preferenciales para atraer grandes proyectos de inversión, como una tarifa de renta reducida, depreciación acelerada y estabilidad jurídica durante 16 años.

Fedesarrollo cuestiona que el Estado comprometa ingresos tributarios durante un periodo tan prolongado sin resolver obstáculos que también inciden en las decisiones de inversión, como la inseguridad, las deficiencias educativas, la infraestructura de transporte y la falta de innovación. Su preocupación es que los beneficios terminen debilitando el recaudo y favoreciendo a las compañías de mayor tamaño frente a otras que no pueden acceder al régimen. Como alternativa, propuso explorar otras fuentes de financiación, entre ellas gravar los ingresos pensionales mediante el impuesto de renta.

La negociación definirá cuánto ajuste tendrá finalmente la ley

Las tres evaluaciones coinciden en que el país necesita corregir sus cuentas públicas. La diferencia está en los riesgos que identifican y en las condiciones que consideran necesarias para que la reforma funcione. Corficolombiana pone el énfasis en la concentración del recaudo y en la dificultad de aprobar, en pocas semanas, medidas que afectan fuentes de financiación de la salud y productos de consumo. ANIF muestra las consecuencias fiscales y financieras de reducir el alcance del proyecto. Fedesarrollo, por su parte, advierte que algunos instrumentos podrían debilitar el empleo formal o comprometer ingresos futuros sin garantizar un aumento equivalente de la inversión.

Alternativa a la vista

El Centro Democrático presentó una propuesta alternativa que plantea reducir el tamaño del Estado, pasar de 18 a seis ministerios y reestructurar o eliminar 48 entidades. También busca evitar nuevos impuestos sobre productos y servicios como el café, internet para algunos hogares, maquinaria agrícola y fertilizantes. La iniciativa abre otra ruta de negociación, aunque sus ahorros y fuentes alternativas de financiación deberán contrastarse con los cálculos del Gobierno. El tiempo es otro factor. El Ejecutivo pidió trámite de urgencia e insistencia para acelerar la discusión y busca que el proyecto avance antes de terminar el año. Corficolombiana advierte que la amplitud de los temas y el calendario disponible elevan el riesgo de una aprobación parcial o de una discusión insuficiente.

¿Qué sigue?

El reto del Congreso será determinar qué medidas pueden modificarse sin desactivar el objetivo central de la reforma. El ajuste no depende únicamente de aprobar recortes o aumentar impuestos por separado: depende de que el conjunto de decisiones produzca los recursos que el Gobierno espera y de que sus costos económicos y sociales sean manejables. Si se eliminan fuentes de recaudo sin reemplazarlas, las cuentas fiscales seguirán sin cerrar. Fuente: EL ESPECTADOR https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/ley-de-rescate-fiscal-que-dicen-los-centros-de-pensamiento-sobre-el-ajuste-del-gobierno/