Lanzan alerta por cambios laborales que generarían más cargas para las mipymes

El Gobierno buscaría modificar las negociaciones colectivas, situación que afectaría a las empresas más pequeñas.

Este cambbio buscaría retomar aspectos que se cayeron en la reforma laboral. Foto: Imagen generada con Inteligencia Artificial - ChatGPT Recientemente se conoció una propuesta del Gobierno para modificar el Capítulo 7 de la normativa laboral que encendió las alarmas entre expertos del derecho laboral, quienes advierten que el plan de crear un nuevo modelo de negociación por niveles podría aumentar la carga regulatoria sobre las mipymes.  Al parecer se trata de un borrador de decreto que no solo transforma la estructura actual de negociación colectiva, sino que introduce obligaciones que resultarían difíciles de asumir para empresas pequeñas y medianas. Retomando algunos cambios que se cayeron de la reforma laboral.

Según Juan Fernando Escandón, especialista en derecho laboral y autor del análisis, el proyecto del Ejecutivo “excede la potestad reglamentaria”, pues redefine sujetos, niveles y efectos de la negociación colectiva sin que exista una ley que lo sustente. Para él, el texto plantea un esquema que sustituye el modelo constitucional y legal vigente, lo que implicaría una intervención profunda en la libertad sindical, la autonomía de las organizaciones y el funcionamiento natural del diálogo social. “Este Decreto es el compendio que integra la reglamentación laboral. La alteración del Capítulo 7, que regula la negociación colectiva, impulsa una negociación unificada por niveles e industrias (empresa, sector, rama, geografía), desplazando el esquema hoy reglamentado en el Código Sustantivo del Trabajo, donde negocian principalmente sindicatos de primer grado a nivel de empresa, y reconfigura de raíz el modelo colombiano, sin atender la realidad productiva y excediendo la potestad reglamentaria del Ejecutivo”, dijo Escandón.

En su alerta señala que el país no tiene las condiciones estructurales de un sistema preparado para negociar por ramas o sectores, ya que la sindicalización del sector privado es inferior al cinco por ciento y la informalidad rural supera el 80%, con lo cual, imponer reglas homogéneas en un tejido empresarial donde el 95% de las firmas son mipymes puede derivar en cargas desproporcionadas y efectos no deseados en el empleo. “El decreto desconoce la diversidad productiva del país, ya que sectores enteros no tienen una cabeza representativa clara ni criterios homogéneos que permitan identificar quién debe liderar la negociación sectorial. No existen parámetros de representatividad y  el modelo propuesto carece de mecanismos de adaptabilidad que permitan a empresas pequeñas descolgarse o ajustar los acuerdos según su capacidad económica y nivel de productividad”, dice al respecto.

Una de las mayores preocupaciones del análisis es que los acuerdos negociados por grandes compañías serían obligatorios para las firmas más pequeñas, lo que podría trasladar costos difíciles de asumir. Ante esto, Escandón considera que la extensión automática de beneficios, sin requisitos claros de consentimiento, puede convertirse en una forma de afiliación forzosa y representar un riesgo para la sostenibilidad de miles de negocios que hoy operan con márgenes reducidos y limitaciones estructurales significativas. El informe también resalta la probabilidad de que el nuevo esquema incremente la judicialización laboral debido a los vacíos en la definición de sectores, reglas de participación, acreditación sindical y alcance de los pactos. 

En su concepto, la falta de precisión generaría conflictos sobre quién negocia, cómo se eligen las representaciones y qué obligaciones deben aplicarse en cada territorio, lo que aumentaría la incertidumbre jurídica para las empresas y la complejidad administrativa para las autoridades. Desde el punto de vista jurídico, el análisis sostiene que el Gobierno no puede modificar por decreto la estructura de la negociación colectiva, pues este es un asunto reservado al legislador y recuerda que los convenios internacionales y la jurisprudencia constitucional establecen que la negociación debe responder a principios de libertad, pluralismo y autonomía, por lo que imponer una unificación obligatoria de pliegos y mesas podría contradecir compromisos asumidos por Colombia ante la OIT.

“El decreto no debería ser expedido y recomienda llevar la discusión a la Comisión Permanente de Concertación, donde trabajadores, empresarios y Gobierno puedan evaluar alternativas que respeten la diversidad productiva”, concluyó. 

Para Juan Fernando Escandón, cualquier reforma futura debe definir criterios claros de sectorización, establecer reglas de representatividad verificables y garantizar mecanismos de adaptabilidad para las mipymes, de manera que se preserve el diálogo social y se eviten impactos adversos en el empleo.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio Fuente: PORTAFOLIO https://www.portafolio.co/economia/empleo/lanzan-alerta-por-cambios-laborales-que-generarian-mas-cargas-para-las-mipymes-483311