Liquidar no es fracasar, es cerrar con responsabilidad

La decisión de disolver una empresa exige análisis, planeación y asesoría experta para cumplir la ley.

Liquidación laboral Foto: iStock La liquidación de una empresa no siempre significa un fracaso. En muchos casos, responde a una decisión estratégica para cerrar una línea de negocio o evitar los costos de mantener una sociedad que ya no genera valor. Según Nadia Sánchez, directora de Derecho Corporativo en Lloreda Camacho & Co., “una liquidación bien gestionada es un cierre ordenado y responsable que protege los intereses de socios, acreedores y empleados”. La experta resalta que toda decisión de disolver una empresa debe partir de una evaluación integral. Uno de los puntos más importantes, explica Sánchez, es verificar la “hipótesis de negocio en marcha”, es decir, si la empresa puede operar durante los próximos doce meses. Los administradores deben revisar esta condición y, si existen dudas, informar al máximo órgano social. Factores como la pérdida de licencias, los conflictos laborales, la falta de insumos o eventos externos pueden afectar la continuidad del negocio. “Cuando el propósito es salvar la empresa -aclara Sánchez-, el camino no es liquidarla, sino acogerse a un proceso de reorganización empresarial”. El abogado tributarista Juan José Goyeneche señala que una empresa debe considerar su liquidación cuando mantenerla en operación deja de ser viable o conveniente desde el punto de vista económico o jurídico.

Esto ocurre si se presentan causales de disolución previstas en el artículo 218 del Código de Comercio o si el negocio enfrenta problemas graves de liquidez o cesación de pagos. En esos casos, dice, lo prudente es evaluar una liquidación voluntaria o, si ya no hay capacidad de pago, acudir a la liquidación judicial o a la reorganización empresarial. Liquidación voluntaria   

Goyeneche explica que la liquidación voluntaria inicia con la decisión de disolución adoptada por la junta de socios o la asamblea de accionistas. En esa reunión se declara que la sociedad entra en estado de liquidación, se nombra al liquidador y se registra el acta en la Cámara de Comercio. 

Luego, el liquidador debe informar a la Dian y a la Secretaría de Hacienda que corresponda dentro de los diez días siguientes, elaborar un inventario de activos y pasivos y pagar las deudas siguiendo el orden legal de prelación.  El liquidador prepara la cuenta final de liquidación y adjudica remanentes, la somete a aprobación del máximo órgano social y la inscribe en la Cámara de Comercio. Finalmente se cancelan los registros como el RUT y el RIT.

Tanto Sánchez como Goyeneche coinciden en que los mayores errores ocurren en las liquidaciones voluntarias. Uno de los más graves es pagar a los socios antes de cancelar todo el pasivo externo, lo que puede generar responsabilidad solidaria del liquidador y los administradores. 

También es común, advierte Sánchez, que las empresas sigan operando tras declararse disueltas. “Una vez decretada la disolución, la sociedad solo puede ejecutar actos necesarios para su liquidación; cualquier operación distinta puede comprometer la responsabilidad del liquidador y del revisor fiscal”. Fuente: PORTAFOLIO https://www.portafolio.co/negocios/empresas/liquidar-no-es-fracasar-es-cerrar-con-responsabilidad-483337